«Las normas jurídicas no son rigurosas. No se corresponden con las dificultades según el escenario actual» sustenta el máster Iván Brito Fuentes, director de la Unidad de Supervisión y Control de la Delegación Provincial del CITMA.
Por Ricardo R. González
Foto: Carlos Rodríguez Torres
Si la Natura pasara cuentas a sus depredadores la fortuna del cofundador de la empresa de software Microsoft, Bill Gates, no clasificaría ante la suma desbordante de recaudaciones, y uno de los contribuyentes de primer orden sería la industria azucarera, pues de las 12 unidades en activo al menos en Villa Clara (entre centrales, refinerías y destilerías) todas aportan, en mayor o menor medida, al saco negro de las negligencias ambientales.
Los trabajos anteriores dieron fe de ello. Visitas conjuntas entre los representantes de AZCUBA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) corroboran la existencia de problemas que, si bien algunos dependen de inversiones, otros obedecen a errores humanos y a la errónea costumbre de considerar los problemas del entorno entre los asuntos de menor importancia.
El culebrón se hace tan largo como la propia historia, Llama la atención que el sistema legislativo cubano muestre enormes fisuras para que el peso de lo estipulado caiga con fuerza en dependencia de la magnitud de los hechos.
No abogo por el elemento coercitivo, pero si luego de tantas supervisiones e inspecciones, o de recomendaciones dejadas a los directivos estas duermen en la gaveta habrá que buscar otras alternativas más contundentes.
El máster Iván Brito Fuentes, director de la Unidad de Supervisión y Control de la Delegación Provincial del CITMA, asevera que el sistema de normas jurídicas carece del necesario rigor, «el monto es cuantitativamente bajo, y nunca en correspondencia con la magnitud que trae el problema de vertimiento de residuales».
Mas claro ni el agua. El rompecabezas en las entidades azucareras inclina la balanza hacia el vertimiento de residuales o el manejo inadecuado de determinado desecho procedente de la industria; sin embargo, el asunto compete al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), y no a la Inspección Estatal del CITMA.
«No tenemos potestad —precisa el especialista—para dictar medidas contravencionales. Solo aplicamos recomendaciones de solución ante determinados problemas a fin de aminorarlo. Son solo señalamientos que pueden ser de inmediato cumplimiento o a mayor plazo según su gravedad, a partir de realizada una inspección que detecte irregularidades violatorias de las normas legales».
ENTRE DICHO Y HECHO
Cada dictamen impone supervisiones para constatar el grado de cumplimiento, y en caso de no solucionarse en el tiempo previsto es, entonces, que los encargados de defender la ciencia, la tecnología y el medio ambiente pueden proceder con mayor ímpetu ante la ausencia de respuestas a esa medida establecida por los inspectores.
Que lo digan los funcionarios de las unidades Ifraín Alfonso, de Ranchuelo, Abel Santamaría, de Encrucijada, del Héctor Rodríguez (Sagua la Grande), y Panchito Gómez Toro, de Quemado de Güines, con multas impuestas en los últimos años.
«El Abel Santamaría ya tuvo, en 2014, una paralización temporal de su producción debido al incumplimientos de las medidas de licencia ambiental hasta tanto tuviera las condiciones para el manejo adecuado de su residual», fundamenta Brito Fuentes.
No obstante, el caso más complejo hasta el momento en la historia azucarera de Villa Clara recae sobre el Heriberto Duquesne —principal contaminador entre todos— cuando tuvo que enfrentar un proceso fiscal en el pasado año a propuesta de los órganos regulatorios del INRH y el CITMA debido a incumplimientos reiterados de medidas por contaminaciones que ponían en riesgo las fuentes de abasto de la cayería norte.
«Se preparó un expediente fiscal con un estudio de impacto ambiental, en particular de su destilería, producto de la agresividad generada por el proceso industrial. Cerca de un año estuvo inactivo, y su reapertura fue condicionada a la certificación del cumplimiento de las indicaciones, y aun se sigue por parte de los órganos competentes».
De acuerdo a las normas, la industria azucarera debe emitir un volumen aproximado de 0.3 m3 de agua residual por cada tonelada de caña molida.
Pero dicho concepto se viola, dos, tres y hasta quien sabe cuántas veces ante la existencia de sistemas de tratamiento de residuales líquidos que, en la mayor parte de los casos, no fueron diseñados para soportar cargas tan altas.
Es entonces cuando los referidos sistemas colapsan, se deterioran, y ocurren vertimientos a las aguas terrestres o a las áreas de suelo aledaño a las lagunas de oxidación.
A veces los contaminantes llegan de forma súbita, y provocan la muerte de especies acuícolas, el deterioro de la calidad del agua para el riego o el consumo, a lo que se une el peligro de personas inescrupulosas que pescan en embalses inadecuados y luego sacan provecho económico a costa de la población.
A mi modo de ver la ausencia del fertirriego complica más la situación. Una práctica desaparecida que permite la reutilización moderada de las aguas residuales en las plantaciones cañeras.
El máster Iván Brito respalda el criterio al considerar que «las acciones de mantenimiento de los sistemas de fertirriego en la provincia no han tenido la máxima atención. Si no existe un verdadero proceso de tratamiento los residuales se acumulan en las lagunas, causan violaciones y continuos problemas que, en determinados momentos de la zafra, induce a que la industria no pueda manejar esa cantidad desmedida, y lleguen a desbordarse».
Lo más triste es que en lugares donde existía la buena práctica ya forma parte del pasado porque el abandono ha deteriorado sus sistemas como en los casos de José María Pérez, Ifraín Alfonso, y Panchito Gómez Toro, que al no proceder a los respectivos mantenimientos los perdieron, mientras el «Heriberto Duquesne», y el «Carlos Baliño, ya no cuentan con las áreas destinadas a la aplicación del fertirriego.
ANTES DEL PUNTO FINAL
El camino resulta largo y tortuoso como el que describe aquella canción de Los Beatles. Si bien AZCUBA ha dirigido, en los últimos años, su proceso inversionista a los principales focos contaminantes con las trampas para separar los hidrocarburos, y el empleo de las lagunas de aguas ácidas destinadas a impedir la mezcla de sustancias químicas con el resto del residual, entre otros pasos, aun el panorama resulta complejo.
Reitero la necesidad de moneda dura para solucionar muchos contratiempos, pero otros dependen de la agilidad de las mentes, y el hecho de ver el proceso más allá del cumplimiento de los respectivos planes productivos y el ahorro energético, como indicadores principales exigidos desde los niveles superiores hasta los intermedios de cada territorio.
¿Cómo es posible obviar el fertirriego? ¿por qué descartarlo y minimizar su valor ecológico?
En tiempos en que Cuba perfecciona el modelo económico me resulta contrastante, pues los expertos conocen que esas aguas residuales bien tratadas tienen sumo valor para contrarrestar los impactos ambientales, y a la vez propiciar ventajas económicas por su potencial nutritivo incidente en los rendimientos de las plantaciones.
Las neuronas exigen un ejercicio cotidiano, de lo contrario se atrofian, ¿acaso el derroche de agua en los procesos industriales, la mezcla de un líquido limpio con otro contaminado, la existencia de salideros, o la manipulación inadecuada de las bombas responden a las limitantes de recursos?
Cada laguna de oxidación está diseñada para soportar determinado nivel de residuales. De no atenderse debidamente abriríamos las puertas a un posible holocausto.
Si los ríos Guaní y Managüimba, el arroyo Tuinicú, o los afluentes principales de las cuencas, que abarcan a ocho municipios villaclareños, pudieran hablar de seguro que contarían historias increíbles.
Reviso el último dictamen del recorrido conjunto de representantes de AZCUBA y el CITMA a las unidades azucareras Data de fines de agosto pasado, y en cada una resaltan serias dificultades que obligaron a recomendaciones necesarias para enfrentar la actual contienda.
Me llama la atención que ya en enero de 2014 muchas dependencias habían «resulto» sus problemáticas. ¿Acaso por arte de magia? Y asalta otra interrogante ¿cómo es posible si llevaban años —para no decir siglos— ausentes de soluciones?
Otro grupo fue más cauteloso, y dejó algunas en la lista de las pendientes o en proceso, mientras las unidades Héctor Rodríguez y George Washington no informaron sus ajustes, según precisa el informe.
Es hora que la legislatura vigente en Cuba tome el compás de los tiempos, se oxigene, y actualice sus normativas en función de la compleja amalgama de la vida, pero que no olvide lo concerniente a las encrucijadas ambientales que nos comprometen a diario, y ponen en peligro la subsistencia de las generaciones por venir.
De no atarse cabos, e insistir en acciones mancomunadas, estoy seguro que de aquí a cinco años, para ser conservador en el tiempo, pudiera repetir esta serie de trabajos sin suprimirle casi nada, pues me parece escuchar siempre ese cuento de la buena pipa que repite hasta la saciedad sin encontrar nunca su final.
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